El Impuesto sobre el Consumo propuesto por el Gobierno del Reino Unido para los juegos online podría entrar en vigor antes de que finalice este año, después de que el Tribunal Supremo británico a cargo del juez Nicholas Green se haya pronunciado contra el recurso de revisión presentado por la GBGA (Asociación de Juegos y Apuestas de Gibraltar), el cual, afirmaba que la norma era contraria a la legislación europea.
De este modo, la justicia consideró que el nuevo régimen de licencias resulta «proporcional» y no «discriminatorio o irracional», tal y como la GBGA había alegado. En un dictamen de 96 páginas, el juez rechazó varios argumentos expuestos por la GBGA, incluyendo la afirmación de que los cambios de la Ley de juego violaban los tratados de la UE.
El juez consideró que «el Gobierno del Reino Unido tiene derecho a adoptar dichas medidas», a pesar de que la GBGA había asegurado que «la nueva ley provocará un incremento de los consumidores en el mercado no regulado«.
Así pues, la GBGA afirmó que «estamos decepcionados con la decisión de la Corte. Consideramos que los regímenes regulatorios transfronterizos requieren de unas labores de cooperación y coordinación. La nueva ley no es la mejor alternativa ni para los consumidores ni la industria«.
El motivo de la disputa radica en que el Reino Unido aprobó oficialmente en julio la legislación que exigirá que todos los operadores de juego online del país deban abonar un impuesto del 15% en el punto de consumo de todas las apuestas online que se realicen en el Reino Unido a partir del 1 de diciembre.
En el recurso presentado por la GBGA, ésta argumentó que la Ley viola el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la cual, prohíbe a los países de la UE restringir la libre circulación de servicios entre los diferentes estados miembros. También que la Ley no es necesaria, dada la condición de Gibraltar como «uno de los regímenes regulatorios más eficaces del mundo«.
Además, la GBGA precisó que el Reino Unido no ha ponderado adecuadamente su propuesta «passporting«, por la cual, los reguladores veteranos en el sector como Gibraltar, seguirán siendo quienes supervisen a los operadores radicados en su territorio, compartiendo información con la Comisión de Apuestas.