El ambiente en el interior de las embarcaciones está al límite: no se les paga lo acordado, tienen muy poca experiencia con armas largas y ha habido incluso, amenazas a la tripulación.
Fuentes de la patronal de vigilantes marítimos desplegados en atuneros que navegan por las costas somalíes confiesan que “el ambiente es un polvorín y que puede estallar en cualquier momento”, denunciando que la situación de trabajo en la que se encuentran es “demasiado extrema”.
Lo primero que destacan es que las empresas de seguridad con las que tienen firmado sus contratos, no les están abonando las cantidades acordadas en su momento.
De los 5.100 euros que les prometieron que recibirían mensualmente, se les han ido restando diversos complementos y retenciones hasta situarse en los 3.306 euros actuales al mes.
Los directivos de las empresas les han comunicado que estos recortes tienen una explicación y es que “se han ido corrigiendo las tarifas con los armadores”.
Sin embargo, los vigilantes se muestran escépticos con esta versión, asegurando que los precios llevan cerrados y establecidos “desde hace dos años”.
Según las quejas ofrecidas por los propios vigilantes, su adiestramiento en el uso de armas de guerra largas, como ametralladoras MG y fusiles HK, “ha sido totalmente insuficiente y precoz”. Añadiendo que “este tipo de seguridad debería ser encargado a compañías militares privadas (PMC en sus siglas inglesas), debido a que el negocio de los atuneros en el Índico no puede tener a su cargo simple vigilantes como si esto fuera un supermercado o unos grandes almacenes”.
Aseguran también que están “sobreexplotados” y “totalmente crispados” que en alguna ocasión han llegado a amenazar a la propia tripulación. Su estancia en las embarcaciones tampoco resulta muy agradable, ya que señalan que las condiciones de habitabilidad son “tercermundistas” tanto a “nivel higiénico como de espacio”, lo que les obliga a “estar hacinados” en unos barcos que superan el aforo máximo permitido.