Los empresarios del sector del juego en Paraguay se cuestionan las razones que existen detrás de la suspensión del proceso de licitación para la explotación de los servicios de juego en el país sudamericano, así como la posible nacionalización del sector del juego, mostrando su preocupación a partir de lo afirmado por el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, quien aseguró que la intención es «modificar el modelo actual y darle al Estado mayor participación y un mayor control sobre los ingresos del juego, con el objetivo de incrementar la recaudación del Estado y aumentar la inversión en gastos sociales«.
Éstos consideran que esta nueva situación fue transmitida a Balbuena por el propio presidente de la República, Horacio Cartes, tras la audiencia que éste concedió al titular de Conajzar el pasado jueves 31 de julio. Respecto a la frase «mayor participación del Estado«, se entiende que podría significar una mayor participación de los políticos en un sector que genera mucho dinero, alertando que «no es función del Estado participar en los juegos de azar, sino que su papel debe limitarse a generar las condiciones necesarias para que el sector privado aporte al Estado, a través del canon, los impuestos que permitan invertir en gastos públicos y sociales«.
Del mismo modo, la patronal del juego paraguayo alerta también que «aquí no sólo está en juego la Quiniela, sino toda la industria de los juegos de azar, los cuales, cada vez son más importantes no sólo a nivel económico, sino también social, debido a la cantidad de puestos de empleo directos e indirectos que genera«.
Los empresarios están convencidos de que «esta actividad debe ser tratada con la máxima seriedad para intentar frenar la ilegalidad existente, la cual, a su vez, provoca la creación de grupos de poder que, posteriormente, influyen en la política estatal gracias a su capacidad económica incontrolable«. Advierten también, que «una mayor participación del Estado no es garantía de seriedad ni formalidad, al contrario, con ello se incrementará el riesgo que significa la codicia insaciable de nuestros políticos«.
Por último, afirman que «si el Estado pretende recaudar más de este sector e incrementar la legalidad, debe profesionalizar al máximo los organismos de control, sin entrometerse en el funcionamiento de los juegos en sí«.