Los operadores de juego online con sede en Gibraltar, representadas por la GBGA (Gibraltar Betting y Gaming Association), han decidido presentar una demanda contra el plan del Gobierno británico de gravar con un impuesto del 15% los beneficios derivados de los clientes residentes en el Reino Unido.
En este caso, la demanda ha sido presentada tan sólo unos días después de que las casas de apuestas online del Peñón salieran derrotadas en otra batalla legal, en donde solicitaban detener el nuevo régimen de licencias de Gran Bretaña, el cual, entrará en vigor el próximo 1 de noviembre.
En un desayuno de trabajo en Londres, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, afirmó que «existen más empresas que desean establecerse en la Roca y que el gobierno ofrece toda su predisposición a concederles la licencia correspondiente. En este sentido, la inversión seguirá garantizada mientras exista suficiente suministro de energía y unas telecomunicaciones fluidas que permitan que la industria se desarrolle de forma orgánica«.
Picardo también aseguró que un «10,3% del crecimiento del PIB, colocaría a Gibraltar en el tercer puesto a nivel mundial, y que este crecimiento está impulsado, mayoritariamente, por las empresas de juego con sede en Gibraltar«.
Actualmente, un importante número de los operadores de apuestas online funcionan a través de jurisdicciones offshore, lo que les permite acogerse a los beneficios que les conceden las normas establecidas por los Estados con legislaciones más flexibles, como es el caso de Gibraltar.
Estos operadores offshore, por ejemplo, tienen la posibilidad de emitir publicidad de sus actividades en el mercado británico, en virtud de una laguna en la Ley del Juego de 2005, la cual, permite a los operadores establecidos en el Espacio Económico Europeo, incluyendo Gibraltar y otros territorios, anunciar sus servicios en el Reino Unido.
En este caso, la nueva Ley del Juego pretende tapar esta laguna y exigir que cualquier operador que realice publicidad para clientes en el Reino Unido, no sólo obtenga una licencia británica, sino también, pague un impuesto sobre los beneficios derivados de clientes del Reino Unido que efectúen sus apuestas en territorios extranjeros que estén sujetos, como es obvio, a otras normativas.