La trama de “Interligare” llevada a cabo por miembros socialistas de Interior, cuando Rubalcaba era ministro, realizó escuchas ilegales a altos dirigentes del PP durante sus estancias en la sede central de Génova. Conocido ya como el “Watergate español”, y entre los nombres que ha facilitado la Policía Nacional a la jueza de instrucción, destaca el de Alberto Ruiz Gallardón.
Los informes presentados por la Brigada de Delincuencia Económica a la jueza de instrucción de Aranjuez, Cristina García, concluyen que “Interligare” disponía de un despacho alquilado desde el mes de febrero de 2009 en la calle Génova 15, a unos 10 metros y justo enfrente de la sede central del PP.
Dicha oficina pudo, siempre según la opinión de la Policía, ser empleada como base de operaciones para posibles interceptaciones telefónicas. En la actualidad, en el edificio ya no existe ningún local a nombre de “Interligare“, y en la fachada se pueden observar carteles donde se anuncia el alquiler de oficinas.
En los documentos entregados por la Policía se señala que “altos dirigentes populares fueron escuchados y grabados mientras mantenían conversaciones privadas de forma telefónica“.
Los agentes han revelado, incluso, los nombres de algunas de las “víctimas” de estas escuchas, donde destaca por ejemplo, el nombre de Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia y ex-alcalde de Madrid, al que se le practicó un completo seguimiento, interviniéndole multitud de conversaciones, no sólo relativas a temas políticos sino también personales.
La pregunta es cómo practicaban dichas escuchas, pues bien, según fuentes policiales, el sistema de espionaje utilizado por “Interligare” resultaba rápido y sencillo.
Utilizaron el “Verint Engage GI2“, denominado también como el “maletín espía“, el cual, mediante el uso de dispositivos móviles, podían registrar en un disco duro enormes volúmenes de conversaciones telefónicas que tuvieran lugar en un radio de 500 metros, captando la señal GSM que utilizan los teléfonos móviles.
La principal ventaja del “maletín GI2” es que permite no dejar ningún tipo de rastro, además, no solo permite registrar voz, sino que también proporciona la posibilidad de grabar SMS y señales de fax. Su coste aproximado es de un millón de euros.
Así pues, el objetivo de la jueza consiste ahora en averiguar el paradero actual de estos “maletines espía“, y esclarecer a qué cuerpo de seguridad pertenecen, ya que tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil y el CNI disponen de estos instrumentos.
Conozcamos ahora el por qué se ha filtrado esta información, quién lo ha hecho y qué razones llevaron a sospechar al PP de que se estaba produciendo dicho espionaje.
El Mundo ha sido el medio de comunicación que ha decidido publicar las primeras informaciones, las cuales, fueron filtradas de forma directa al periódico por un comisario de policía al que Rubalcaba había destituido de su cargo.
No obstante, la investigación sobre la trama de espionaje “Interligare” no es para nada reciente. El caso se inició en 2009, cuando la Brigada de Delincuencia Económica se encontró con contratos fraudulentos en una empresa acreedora de la Seguridad Social, en aquel momento, decidió iniciar una investigación para descubrir posibles delitos fiscales, y casualmente, se topó con una empresa que se había estado beneficiando de contratos obtenidos a dedo, habiendo practicado escuchas telefónicas ilegales durante la etapa de Rubalcaba como ministro del Interior.
Entonces, agentes de la brigada decidieron actuar con absoluto sigilo ante la posibilidad de que las escuchas afectaran a altos dirigentes del PP y de que el Gobierno del PSOE interviniera, paralizando la investigación.
Cabe mencionar que algún periodista de la redacción de El Mundo, compañero de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, quienes firman ahora las investigaciones periodísticas, tuvo hace meses en su poder información concreta sobre las irregularidades de “Interligare“. Otros medios informativos, como ABC y La Gaceta, disponían también de datos concretos, pero decidieron no publicar nada.
En la cúpula de El Mundo eran conscientes de que el caso “Interligare” podía provocar un auténtico terremoto político, de este modo, Pedro J. Ramírez decidió asumir la coordinación de la estrategia informativa en este caso, lo que supuso que pese a que se trataba del mes de agosto, optó por desplazarse a diario hasta la redacción para asistir a la reunión de portada donde se decidiría qué se publicaba y cómo.
Diversos periodistas y redactores de El Mundo han asegurado que disponen de una gran cantidad de material relacionado con la trama y que dosificarán la información durante los próximos días y semanas, según les convenga.
En la redacción de Unidad Editorial (El Mundo, Marca, etc…) les ha llamado especialmente la atención cómo el diario El País ha mostrado una defensa a ultranza de Rubalcaba, en el ejemplar de este mismo martes, con el siguiente titular: “El PP utiliza datos no corroborados para acusar a Rubalcaba de espionaje“.
Comparando dicha situación con las informaciones del 11-M, cuando el diario del Grupo Prisa publicó que “testigos del 11-M (dos jóvenes rumanas) habían acusado a El Mundo de presionarlas para poder exculpar a Zougam (terrorista de Al-Qaeda condenado por su participación en los atentados de Atocha)“.
Las primeras sospechas del PP sobre la posibilidad de un posible espionaje llevado a cabo por el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fueron desveladas por el propio protagonista en noviembre de 2009.
Rubalcaba: “Veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices“.
En aquel mes de noviembre, Rubalcaba, ministro del Interior, comentó a Carlos Floriano, en tono amenazante (según el propio Floriano), que sabía todo lo que hacía y decía. Ante el escándalo suscitado, intentó defenderse con la siguiente afirmación: “Sí, os escucho en las radios y en las teles“.
La primera denuncia oficial sobre el espionaje a dirigentes del PP fue efectuada por María Dolores de Cospedal, donde según ella, un cargo del PP le había contado que los dirigentes del partido estaban siendo “pinchados” telefónicamente.
Las sospechas de la cúpula popular señalaban entonces a Sitel, el sistema de escuchas telefónicas adquirido entonces por el ministerio del Interior. Sin embargo, la utilización de maletas GI2 resultaba ser un método mucho más seguro e invisible, en comparación al sistema de Sitel, el cual, requería la autorización de un juez, y además, un agente debía registrarse cada vez que quisiera acceder al sistema, dejando todo tipo de pruebas y rastros. El otro no.