El Ministerio de Finanzas de la República Checa ha decidido dar a conocer los planes que permitirán que empresas extranjeras de apuestas online puedan operar en el país. Dichas planes vendrán articulados a través de una nueva ley destinada a impulsar los ingresos fiscales y regular el mercado del juego online en el territorio checo.
Así pues, una comisión del Gobierno checo estimó que en 2012, los jugadores de la República Checa apostaron entre 4,9 y 6,2 millones de dólares, en un mercado monopolizado por 5 grandes empresas nacionales, y donde los operadores extranjeros están excluidos del mercado.
Según la legislación actual, los operadores extranjeros de juego online no pueden ofrecer sus servicios en el país aunque dispongan de locales de apuestas. Además, se les prohíbe ofrecer todo tipo de publicidad en la República Checa. Del mismo modo, los apostadores checos que realizan su acceso a esos sitios web dirigidos por empresas foráneas, se enfrentan a multas elevadas, lo que condiciona gravemente la libre competencia del mercado.
En este caso, la agencia de noticias Reuters ha informado de que la nueva legislación que se está preparando en el país, tiene por objetivo legalizar las casas de apuestas online extranjeras que registren sus operaciones, con el fin de que puedan ser gravadas de forma impositiva y reguladas por las autoridades checas.
La legislación propuesta también adoptará medidas drásticas contra las máquinas de apuestas en restaurantes y estaciones de servicio, así como para evitar que la gente que obtiene ayuda social del Gobierno pueda apostar en ellas.
A este respecto, Ondrej Zavodsky, vice-ministro de Finanzas, afirmó que «actualmente muchos jugadores checos apuestan en el extranjero, ya que allí resulta más sencilla la introducción de sitios web en checo. Según nuestras estimaciones, el Estado pierde más de 1.000 millones de coronas (36 millones de euros) anuales en este sector«.
Por último, y aunque el Ministerio de Finanzas checo tiene pensado establecer las tasas de impuestos a finales de 2015, la nueva propuesta todavía debe enfrentarse a las consultas gubernamentales, por lo que no entraría en vigor hasta el 2016.