Recientemente, hemos ido escuchando declaraciones de responsables públicos, incluso del Presidente del Gobierno, alabando las virtudes del ICO y del papel que desempeña y desempeñará en la recuperación de la economía interna de España, ampliando y mejorando las líneas de crédito a Pymes y autónomos.
Sin embargo, a la hora de la verdad, el crédito únicamente va a parar a las Administraciones Públicas, unos organismos que para completar la jugada y cómo sinceramente deslizó el infame ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, siguen manteniendo tasas de morosidad e impago escandalosamente altas, abocando a la quiebra a muchas empresas por falta de liquidez.
Para contextualizar lo que es el ICO (Instituto de Crédito Oficial) y cómo es empleado como una herramienta del Estado, diremos que en 2012, el Gobierno español decidía solicitar al BCE una serie de préstamos por valor de 20.000 millones de euros, con el “objetivo” de reinvertir dicha cantidad en préstamos que reactivaran las líneas de créditos a empresas y autónomos.
Sin embargo, como el BCE tiene prohibido prestar directamente a los Estados miembro, fue el ICO quien se encargó de asimilar el crédito, para posteriormente, transferirlo a las Administraciones públicas que tuvieran facturas pendientes, llegando a abonar hasta unos 6.386 millones de euros mediante el Plan de Pago a Proveedores o los 5.332 millones para finiquitar los vencimientos de deuda de las Comunidades Autónomas, llegando hasta los 22.679 millones de euros, sumando la devolución de otros préstamos e incluyendo créditos a otros organismos públicos.
De este modo, mientras el ICO no cesa de aumentar la partida de financiación a las Administraciones públicas, en lo que respecta al crédito de Pymes y autónomos han cerrado la ventanilla, obligando obviamente a buscar financiación en entidades financieras privadas y “públicas”, lo que supone un encarecimiento en el préstamo.