Un tribunal de justicia griego ha dictaminado que el monopolio del juego OPAP en Grecia es legal, poniendo de este modo fin a un dilatado proceso judicial que pusieron en marcha diversas empresas del juego rivales, quienes aseguraban que el OPAP no permitía la libre competencia del sector en el país heleno.
OPAP, una de las mayores empresas de apuestas y juego de Europa, posee el derecho exclusivo de ofrecer servicios de lotería en la endeudada Grecia hasta el 2030, y de apuestas deportivas hasta el 2020. Sin embargo, las casas de apuestas deportivas británicas William Hill, Sportingbet y Stanleybet, decidieron desafiar dicho monopolio en 2004, argumentando que se estaban violando las normas comunitarias europeas sobre la libre prestación de servicios.
No obstante, la Corte de Grecia y el Consejo de Estado han dictaminado que las reformas en el sector de los juegos de azar que Grecia implementó en 2011, protegen al monopolio de OPAP y respetan la legislación europea. Estos mismos jueces afirmaron que la OPAP tiene también por objetivo luchar contra las apuestas ilegales y las actividades delictivas en el mercado del juego.
En este caso, las normas de la Unión Europea prohíben que las leyes nacionales de los Estados-miembro concedan derechos exclusivos de juego para una única empresa, a menos que las autoridades estén realmente reduciendo el acceso a los juegos de azar, al mismo tiempo que controlan la expansión del sector para combatir la criminalidad.
En respuesta al Tribunal griego, que buscó consejo para resolver el caso, el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó el año pasado que el monopolio era ilegal, sin embargo, también afirmó que las autoridades griegas no necesitaban liberalizar el sector si se implementaban una serie de reformas que protegieran a los consumidores.
Por último, cabe mencionar que OPAP, empresa estatal con un valor de mercado de 3.400 millones de euros, dispone de más de 5.000 puntos de venta en Grecia y en Chipre. También hay que mencionar que en 2013, el Estado griego vendió una participación del 33% del grupo, estableciendo la primera privatización importante del país, la cual, venía como contraprestación por los 240.000 millones de euros de rescate inyectados por la UE y el FMI.