Samuel Pagdilao, miembro del partido filipino (ACT-CIS) ha decidido presentar un proyecto de ley para regular el juego online en Filipinas. «Los jugadores ya no se encuentran limitados por localizaciones físicas, por lo que están capacitados para realizar sus apuestas desde su propios hogares» aseguró Pagdilao, mientras presentaba el proyecto cuya aprobación podría provocar la creación de un mercado regulado que incluiría cuantiosas sanciones para aquellos que actuasen al margen de este marco legislativo, es decir, recurrieran a los portales de juego online no regulados.
Además, explica que «la ausencia de una legislación precisa sobre el juego online contribuye al aumento del número de menores partícipes en actividades de juego ilegal«. Por esta razón, Pagdilao ha tomado la decisión de proponer la creación de una institución controlada por el Estado, que permita mantener el juego online en Filipinas bajo un estricto control y supervisión.
Según el proyecto de ley, el sistema propuesto supervisaría a los operadores interesados en operar en el mercado filipino, a los cuales, les concedería la explotación de los servicios de juego online a los filipinos a través del Internet Gaming Certificate, procedente del PAGCOR, de tal modo que dicha entidad se convertiría en la responsable de todo el mercado regulado.
Así pues, los operadores que sean responsables de que los menores accedan a sus plataformas de juego, se arriesgarán a ser sancionados con penas de prisión de entre 5 y 10 años, así como asumir multas de hasta 10 millones de pesos filipinos (unos 230.000 $), las cuales, serán impuestas a «cualquier operador o empleado de un operador que, sabiéndolo, permita a un mejor de 18 años, abrir, mantener o utilizar una cuenta de juego online«.
En este caso, las sanciones también pueden ser aplicables a aquellos que sean responsables de inducir a los menores a realizar actividades relacionadas con el juego. Según el texto: «La pena de prisión de entre 5 y 10 años, así como la multa de 10.000.000 pesos filipinos (230.000 $), e incluso ambas, podrán ser impuestas a cualquier familiar, tutor o persona que ejerza autoridad moral o ascendencia sobre el menor o persona discapacitada, que induzca a cometer cualquiera de los delitos establecidos en esta ley«.