La banda terrorista ETA, cuya disolución parece estar discutiéndose entre los presos encarcelados, estima en 4 millones de euros, la indemnización a percibir por dejar de extorsionar a los empresarios vascos y navarros.
Dicha extorsión es lo que se conoce como “Impuesto Revolucionario” y que desde el pasado mes de abril dejo de llevarse a la práctica, como un paso más en el proceso pacificador que lleve a la banda terrorista a su disolución definitiva.
Tales informaciones se recogen en un documento incautado por la Policía Francesa, en el cual, se describen otros procesos llevados a cabo por la banda terrorista como la coalición con Eusko Alkartasuna para constituir la formación de Bildu.
Dicha cantidad, siempre según el documento requisado, es necesaria para llevar a cabo el “alto el fuego definitivo”, cuyo ingreso se haría a través de entidades internacionales, de forma anual, hasta que el proceso hubiera concluido.
Este documento fue tenido en cuenta por el Tribunal Supremo a la hora de dictar sentencia sobre la legalización o ilegalización de la coalición abertzale Bildu, mucho antes de que el Tribunal Constitucional diese vía libre a su legalización como formación política.
Según fuentes internas del Ministerio de Interior, la situación financiera de ETA es bastante preocupante, que sumado a las contradicciones internas de sus dirigentes ha hecho que la banda lleve casi dos años sin realizar un atentado, por lo que se entiende que ahora mismo, la financiación se sustenta “tirando de los ahorros” de los que dispone la propia banda.