Los últimos documentos desclasificados revelados por Wikileaks, informaron que durante aquella jornada del 11 de marzo de 2004, se mantuvieron continuas conversaciones tanto con Rey como con el Presidente del Gobierno, por parte de funcionarios públicos estadounidenses.
Al parecer, dichas conversaciones fueron comunicadas al departamento de Estado norteamericano, en Washington, desde la embajada diplomática en Madrid.
En las semanas previas al atentado, los mismos diplomáticos informaron de que fuentes policiales les habían transmitido que la “banda terrorista ETA” tenía planeado actuar en los días previos a las Elecciones Generales.
Un telegrama, cuyo título era: “Elecciones españolas: informaciones sobre un posible ataque de ETA“, fue enviado el 21 de febrero, conteniendo la siguiente información:
“Contactos de la Policía de España: están seguros de que la banda ETA ordenará un ataque antes del 14 de marzo“. Dicha advertencia señalaba a Juan Hidalgo, consejero de la Secretaría de Estado de Seguridad, como fuente informante. “Existe mucha preocupación en el Gobierno por el abandono de la tregua de ETA en Cataluña“.
Representantes del ministerio de Administraciones Públicas, consultados por la embajada, reafirmaron esta teoría:
“Según el análisis de la situación realizado por funcionarios de la embajada, un ataque de ETA (incluso uno de gran relevancia) podría beneficiar la llegada al poder del candidato Mariano Rajoy, debido a su desempeño en la lucha contra ETA durante su etapa de ministro de Interior“.
En los días posteriores al atentado, la embajada norteamericana envió un cable a Washington informando de la detención de dos etarras que circulaban con una furgoneta cargada con 500 Kg de explosivos. El documento detallaba las siguientes informaciones:
“Se trata de la 2º mayor incautación de explosivos en los 35 años de vida de ETA“. “Se ha confirmado la desesperación de la banda terrorista, por intentar atentar durante la campaña electoral“.
“El Partido Popular puede sacar un gran beneficio electoral con esta detención, debido a los vínculos del PSC con ERC, partido que mantuvo reuniones secretas con ETA para conseguir un alto el fuego limitado sólo en Cataluña“.
Aquel 11 de marzo de 2004 se enviaron multitud de cables al Centro de Operaciones del Departamento de Estado, en Washington, informando puntualmente de lo que estaba sucediendo en Madrid.
El inicio de las comunicaciones comenzó a las 7:45 (10 minutos después de la primera explosión).
Este hecho provocó que durante la misma mañana se convocara una reunión del Comité de Acción de Emergencias (EAC) de la embajada norteamericana, presidida por el mismo embajador, para analizar lo que estaba sucediendo.
La primera decisión consistió en realizar un estricto recuento de personal por si había habido alguna víctima. Sin embargo, sólo un funcionario estuvo en contacto directo con el atentado: “A un funcionario, que se encontraba en uno de los intercambiadores, le salpicó la sangre proveniente de la explosión, pero no ha sufrido ningún tipo de daño“.
Llegada las 13 horas, la embajada solicitó la presencia de más efectivos policiales y posteriormente, se enviaría a Washington un informe completo de la situación: “Número de muertos, secuencia temporal de los acontecimientos y que las informaciones policiales apuntan directamente a ETA“.
George L. Argyros, embajador de EEUU, telefoneó personalmente al rey Don Juan Carlos para ofrecerle su pésame. Realizó la misma llamada a La Moncloa, pero el Presidente José María Aznar no se encontraba en el despacho, en aquel momento.
Mantuvo también una interesante conversación telefónica con Ana Palacios, ministra de Exteriores, a la cual, le señaló insistentemente que “ahora más que nunca” no utilizara el calificativo de “separatistas vascos” para referirse a ETA, cuando tuviera que informar a los medios de comunicación estadounidenses.
A las 17 horas, reunió a todos los miembros de la embajada para informar sobre las novedades, suspender su agenda y asegurarse de que no había habido ninguna víctima norteamericana.
En las horas siguientes, la embajada recibió avisos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, asegurando que estaban siendo investigados unos “vehículos sospechosos” que se encontraban circulando por las proximidades del edificio. Al final se pudo confirmar que no había riesgo de atentado contra la embajada.
Cables enviados a posteriori de las elecciones del 14 de marzo, redactados por Kathleen Fitzpatrick, consejero político de la embajada estadounidense, revelaban conversaciones mantenidas por diplomáticos norteamericanos con sus “contactos del PP“.
De la siguiente manera, resumían la atmósfera que se respiraba en la sede nacional del Partido Popular, aquellos días:
“El estado de ánimo del personal cercano a los círculos del PP es de auténtico shock, todavía no son realmente conscientes de lo que ha sucedido“.
“Muchos dirigentes del PP están convencidos de que tanto los socialistas como sus aliados políticos han manipulado a la población con fines electorales, explotando el miedo y la conmoción que ha rodeado a estos atentados“.
Ignacio Fernández, secretario de Estado de Relaciones Parlamentarias, reconoció en una conversación mantenida con diplomáticos americanos el 18 de marzo, que “en ningún caso se pondría en tela de juicio la validez de las elecciones, ya que supondría un duro golpe a las instituciones“.
El propio Fernández admitía el “error” cometido por Miguel Ángel Acebes, ministro de Interior entonces, de atribuir la autoría del atentado a ETA, a pesar de que las informaciones facilitadas al final de la jornada empezaban a apuntar hacia la vía islámica.
También se destacaba la participación activa del Grupo Prisa, calificado como “muy influyente y pro PSOE“, y que utilizó su poder mediático para sembrar dudas sobre la honradez del Gobierno de Aznar, en lo referente a la ocultación de otras vías de investigación.
Este hecho “hizo mucho daño” a José María Aznar, quien centró la política de su gobierno en la lucha contra el terrorismo.
En los días posteriores y según los cables filtrados, la embajada norteamericana colaboró estrechamente con las Fuerzas de Seguridad del Estado para desentrañar las causas y los participantes del atentado.
Según indicaba un cable fechado el 15 de marzo, la embajada recibió, por parte de la policía, miles de copias de las fotografías donde aparecían posibles sospechosos de los ataques, que en este caso y ya estando abierta la línea de investigación de terrorismo islámico, tenía por objetivo que su departamento de Seguridad comprobara con su lista de criminales internacionales, alguna posible conexión.