El Gobierno español anunció hace semanas que recuperaría el Impuesto de Patrimonio como medida recaudatoria para paliar el déficit público, sin embargo, la intención del Ejecutivo es modificar la aplicación de este impuesto con el objetivo de que la carga impositiva recaiga verdaderamente en las rentas más altas, lo que supone una reducción en la recaudación de las arcas, pero que desde el punto de vista electoral, pretende captar el voto de la izquierda más extrema.
De este modo, se pretende elevar el mínimo exento del impuesto de los 117.000 euros en los que se situaba en la primera etapa (hasta 2008 en que desapareció), hasta un nivel cercano a los 1, 5 millones de euros.
Elena Salgado, vice-presidenta económica, confirmó que la intención del ejecutivo era endurecer las tasas fiscales sobre las rentas más altas, tras el anuncio del Gobierno francés de crear un impuesto aplicable sobre las rentas superiores a 500.000 euros, aunque en el caso español, debido a la falta de tiempo para aprobar la creación de un nuevo impuesto, se ha optado por “resucitar” uno ya existente y que había sido paralizado hace 3 años.
Tras realizar las correspondientes consultas con expertos fiscales, puede concluirse que la aplicación de este impuesto no solucionará los problemas de déficit (apenas llegaba a recaudar 2.000 millones de euros antes de desaparecer), y que la elevación del mínimo exento reduce mucho más esa capacidad recaudatoria.
Además, hay que mencionar que la aplicación de este impuesto es una de las competencias transferidas a los Gobiernos Autonómicos, por lo que no se ingresará nada hasta junio del próximo año, de ahí, que se muestre más como un “guiño electoral” que como una medida económica anti-crisis.