El Gobierno tiene ya preparada la nueva reforma financiera, la cuarta desde que Rajoy accedió a La Moncloa, y cuya oficialización tendrá lugar el próximo mes de noviembre. Su aplicación supondrá la expulsión definitiva de los cargos políticos de los consejos de administración de bancos y cajas.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha decidido dar un golpe de efecto y reformar la estructura del sector bancario y de las cajas de ahorros de forma íntegra.
Se tramitará en forma de un decreto ley, haciéndose durante el mes de noviembre tras la conclusión de uno de los habituales consejos de ministros, y obligará a la exclusión de cualquier cargo político de los consejos de administración de las entidades financieras.
El Gobierno pretende excusarse en el rescate bancario a España de 100.000 millones, para presionar a las cúpulas dirigentes de las entidades a reestructurar de forma inmediata sus órganos de gobierno.
Justificará tal decisión desde la premisa de que el Eurogrupo no está dispuesto a prestar dinero al sector financiero español sin ningún tipo de contraprestación. Bruselas se opone frontalmente a que los mismos que han arruinado infinidad de entidades financieras en España, vuelvan a gestionarlas con recursos procedentes de Europa.
El Gobierno del PP desea evitar otro “caso Bankia“, con cúpulas a rebosar de consejeros políticos, y también, evitar que se repitan otro tipo de experiencias con otras entidades como Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia, las cuales, han tenido que ser rescatadas económicamente por el Estado.
Se obligará a los bancos a configurar consejos de administración profesionales, con gestores independientes y sin afinidad política.
Todo ello, con vistas a la nueva oleada de fusiones bancarias que se prevén en el sector hasta finales de este mismo año, y con el objetivo de que las entidades financieras resultantes tengan en consideración dicha orden, en el momento de constituir sus equipos de dirección.
De Guindos presenta el apoyo incondicional de Moncloa para ejecutar dicha reforma hasta sus últimas consecuencias, debido a que Rajoy espera que esta reforma sea la definitiva y proporcione credibilidad del sector financiero español y de España como Estado, en los mercados exteriores.