Sólo 73 de los 126.000 casos acogidos al arbitraje por la estafa de las preferentes de Bankia (venta de productos financieros híbridos), han sido resueltos favorablemente desde que se iniciara el proceso, el pasado 18 de abril. Esto supone, a la velocidad que se están tramitando los casos, que podrían pasar hasta 280 años antes de que el último estafado solicitante de arbitraje, pudiera cobrar su dinero.
Las siete cajas integrantes de Bankia pusieron en circulación hasta 6.900 millones de euros en preferentes a más de 200.000 ahorradores y pequeños inversores, de los cuales, los 126.000 mencionados antes decidieron acogerse al arbitraje del Gobierno del PP, cuyo plazo finaliza el próximo 30 de junio y donde los titulares de preferentes o deuda subordinada inferior a los 10.000 euros tienen prioridad sobre el resto.
Pero… ¿realmente el arbitraje es la solución a las preferentes de Bankia? Pues sí y no. Por un lado, aquellos que han optado por el arbitraje, han renunciado a la posibilidad de emprender acciones legales contra Bankia o recurrir la sentencia que se dictamine de dicho arbitraje, de modo que el importe a devolver que se resuelva en el proceso, será el único dinero que perciban los afectados.
¿Quién y cómo se determina el importe a devolver? Pues bien, la auditora financiera suiza, KPMG, es la responsable de establecer si un afectado reúne las condiciones mínimas exigidas para poder solicitar este proceso, así como el importe máximo que la persona tiene posibilidades de recuperar, el cual, se calcula restando el valor nominal de los interés percibidos y sumando los obtenidos con una imposición a plazo.
Es decir, si la Junta Nacional de Arbitraje, basado en las conclusiones de KPMG, resuelve que Bankia debe abonar el importe invertido, éste se verá sensiblemente reducido a causa del descuento aplicado por la venta de las acciones obtenidas tras el canje fijado por el FROB, un canje que ha resultado ser especialmente perjudicial para los preferentistas de Bankia, ya que se han aplicado quitas de hasta el 70% sobre el importe total, cumpliendo las condiciones impuestas por el BCE como contraprestación al rescate bancario.