Rafael Catalá, nombrado como nuevo ministro de Justicia, quien juró ayer su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuvo una participación importante en la empresa de gaming Codere, entre 2005 y 2012.
Rafael Catalá Polo, Licenciado en Derecho, ingresó en Codere en 2005, después de haber desempeñado diferentes cargos en la administración: subdirector general de personal del Ministerio de Sanidad (1988-1992), director de Relaciones Laborales y de Administración y Servicios de AENA (1992-1996), director general de la Función Pública (1996-1999), director general de personal del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (1999-2000), subsecretario de Hacienda (2000-2002), secretario de estado de Justicia (2002-2004) y director del Hospital Ramón y Cajal (2004-2005).
En este caso, Codere lo fichó como secretario general y miembro del Consejo de Administración de la compañía. El objetivo de la empresa consistía en contar con un hombre capaz de relacionarse con la administración, y de este modo, pudiera influir en las decisiones que se tomaran en lo referente a la reglamentación del juego.
Aunque oficialmente dejó su cargo en Codere pocos días después de ser nombrado secretario de estado de Infraestructuras por Ana Pastor en el Ministerio de Fomento, en 2012, según el organigrama de la página web de Codere, todavía mantiene su puesto como vocal de la Fundación Codere.
Con Catalá como secretario de estado, y contando con la asesoría del despacho de abogados fundado por Cristóbal Montoro y que hoy dirige el que fuera su mano derecha, Ricardo Martínez Rico, Codere intentó realizar labores de lobby durante la redacción de la actual Ley del Juego que se elaboró y publicó en la última legislatura de Zapatero, en 2012.
Su intención radicó en que la nueva normativa obligase a los operadores que aspiraban a obtener una licencia de juego online, tuvieran que estar al día con los pagos a Hacienda. De este modo, se bloqueaba el acceso a aquellas empresas que llevaban años funcionando en España, pero cuya sede estaba radicada en paraísos fiscales. La alegalidad en la que se encontraba el juego online en aquel momento y la propia naturaleza de Internet promovían este tipo de prácticas.
Sin embargo, al final Codere no logró cumplir todos sus objetivos, ya que su intención consistía en que saliera otra ley del juego distinta a la que terminó aprobándose en los últimos días del Gobierno de Zapatero. Ahora como Ministro de Justicia, deberemos estar atentos a las posibles nuevas leyes que intente promulgar sobre el sector del juego, prestando especial atención a quién podrían beneficiar.