El senador Ciro Nogueira (PP-PI) ha decidido presentar un proyecto de ley para legalizar el juego en Brasil, el cual, permitirá la explotación del popular «jogo do bicho», así como la apertura de casinos, salas de bingo y apuestas en todo el territorio nacional, todas ellas actividades prohibidas desde 1946. En este caso, la iniciativa contempla además la regulación del juego online como las apuestas deportivas, los juegos de bingo y de casino, incluso a través de dispositivos móviles.
El senador afirma, justificando la necesidad de aprobarse el proyecto, que «los juegos de azar forman parte de la cultura brasileña, por lo que su prohibición no ha evitado su desarrollo. La realidad demuestra que nadie va a dejar de apostar porque simplemente esté prohibido, es decir, las apuestas seguirán efectuándose, aunque sea de forma clandestina, con todo lo negativo que ello conlleva«. Según el propio Nogueira, se estima que el juego ilegal genera unos beneficios de 18.000 millones de reales anuales en Brasil, los cuales, no repercuten en las arcas públicas brasileñas.
Para el senador, «el papel del Estado debe ser el de regular y supervisar la actividad, al igual que sucede en el 75% de los países del mundo. De los 193 estados miembros de las Naciones Unidas (ONU), menos del 25% mantiene las actividades relacionadas con el juego bajo la ilegalidad, mayoritariamente, los países islámicos«. El legislador también asegura que «la liberación de los juegos de azar incrementará los ingresos fiscales, fomentará la creación de empleo y promoverá la circulación de la riqueza, aportando unos 15.000 millones de reales al erario público«.
Por último, el senador Nogueira explicó que «resulta necesario avanzar y crear un marco regulatorio para todas las modalidades de juego. En este sentido, es importante mencionar que no se trata de que el Estado interfiera en las decisiones personales de las personas y en todo lo que se refiere a la esfera íntima del ciudadano, sin embargo, debe ser competencia del Estado regular esta realidad social. Con la legalización del juego y el correspondiente gravamen sobre las apuestas y otras modalidades de juego, se crearía una nueva contribución que permitiría destinar más recursos a la salud, a las pensiones públicas y la asistencia social«.