Desde el momento en que la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue excluida del proyecto de fusión en la que participaban Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, su situación financiera fue empeorando hasta el punto de que ya no pudo ocultarla más y fue intervenida por el Banco de España.
Antes de dicha intervención se produjeron una serie de movimientos internos, cuanto menos sospechosos, donde los directores de las sucursales territoriales cambiaban continuamente de puesto y donde las prejubilaciones aumentaron hasta niveles sospechosamente altos.
La más mediática de estas prejubilaciones la protagonizó Roberto López Abad, que recibió casi 4 millones de euros y que propició además una larga lista de prejubilaciones en diferentes altos cargos de la entidad, que abandonaron la entidad (con previo pago de un alto finiquito) pocas semanas antes del día concretado para la intervención.
Cabe mencionar el caso curioso de un alto directivo que fue ascendido pocos días antes de abandonar la entidad y que le proporcionó un aumento considerable en el finiquito de su contrato.
La opinión generalizada de los empleados de la Caja es que no creen en tanta coincidencia y afirman “off the record” que este tipo de movimientos fueron anticipados debido a varias filtraciones llegadas a oídos de los directivos, quienes sabían de antemano los plazos de los que disponían antes de que el Banco de España se presentara en sus instalaciones.